La abogada de los pobres
Digna Ochoa tenía una fuerte vocación social y un sentido ético poco comunes entre abogados. Fue pionera al incluir la defensa jurídica de las víctimas como parte del trabajo de las ONG. Su carácter firme y su convicción de poner el derecho al servicio de la gente la llevaron a involucrarse en los casos de violaciones a derechos humanos más relevantes en la última década. Esto la enfrentó a sectores que se sabían impunes.
Abordar la trayectoria profesional de Digna Ochoa y Plácido, y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, es hacer un recuento de los casos más graves de violaciones a derechos humanos cometidas en México en la última década. Es referirse a las batallas contra la impunidad que han librado organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Sin duda, su biografía y la historia nacional reciente se mezclan de alguna manera.
En su actividad como abogada, Digna enfrentó siempre ese mundo que alimenta la injusticia: gobernantes autoritarios, agentes del Ministerio Público corruptos, jueces enriquecidos inexplicablemente, policías prepotentes, empresarios voraces, abogados ricos y una larga lista que incluye a militares involucrados en delitos que nunca son juzgados, luchadores sociales presos, activistas amenazados, guerrilleros y sobre todo grandes sectores desamparados para quienes la justicia es patrimonio sólo de quienes tienen dinero o la protección del poder.
En los argumentos que Digna utilizó en juzgados y agencias del Ministerio Público para defender a las víctimas de abusos podemos encontrar las razones que alimentan las mejores causas del pueblo mexicano.
Abogada comprometida, Digna Ochoa era ejemplar, dice Rafael Alvarez, quien compartió con ella muchos casos que defendió como parte del área jurídica del Pro. "A Digna la mataron por su trabajo profesional, por empeñarse en defender a mucha gente que no tenía acceso a la justicia por carecer de dinero o por haber afectado intereses de gente poderosa", explica.
"Su asesinato ?dice? es el último acto de una campaña de intimidación en su contra, situación que comparte con muchos activistas que han hecho de la defensa de los derechos humanos su vida. El hecho de que continúen las amenazas es muy grave, ya que hablan de un clima de intimidación general".
Rafael fue primer visitador del Centro Miguel Agustín Pro durante seis años, desde 1994. Ahí conoció a Digna.
Entre 1989 y 1990 el Pro era una asociación civil que trabajaba en la educación y promoción de los derechos humanos. A partir de 1991, Digna Ochoa junto con Víctor Brenes "comenzó a trabajar en el área jurídica para defender a las víctimas. Esa fue una de sus aportaciones al trabajo de las organizaciones no gubernamentales. No bastaba con denunciar las arbitrariedades, había que apoyar a la gente que no podía contratar un abogado. Su concepto era poner el derecho al servicio de la comunidad y de la gente".
"Cuando teníamos un caso difícil -cuenta Alvarez- nos reuníamos y decíamos: 'este es un caso para Digna'. Ella tenía un conocimiento muy sólido de la ley, pero también el carácter y la firmeza necesarios para enfrentar situaciones complicadas. Ella era muy persistente y cumplía rigurosamente todo el procedimiento, y hasta más".
Símbolo de la lucha contra la injusticia
Digna Ochoa tenía "sensibilidad social y ética", explica Rafael Alvarez. Ella es "emblema" de un tipo de abogados comprometidos que ponen el derecho al servicio de la gente.
"Ella hacía un trabajo muy escrupuloso en casos muy difíciles. Por eso era muy conocida en otros lugares del mundo, no sólo por las amenazas de muerte sino por algunos éxitos que había tenido desde el punto de vista profesional como abogada", relata Rafael. Digna, además, era la encargada de darle seguimiento a los casos presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Los casos que Digna asumía eran generalmente de personas muy pobres, de indígenas que de otra manera no tendrían ninguna posibilidad de defensa, muchos de ellos acusados de delitos muy graves, casos que no aceptan los despachos porque generalmente afectan intereses de grupos de poder", dice Rafael Alvarez, actual coordinador de asesores de la Comisión de Derechos Humanos del DF.
Digna Ochoa estuvo de alguna manera involucrada en la investigación y defensa de las víctimas de la mayor parte de los casos de violaciones graves de derechos humanos ocurridos en México durante los noventa.
Uno de los primeros casos que llevó Digna Ochoa fue la defensa de las víctimas de la explosión de la fábrica Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa), ocurrida el 3 de mayo de 1991. Esta empresa producía agroquímicos en Córdoba, Veracruz. Estaba ubicada en una zona habitacional y el accidente provocó una catástrofe ambiental de dimensiones monstruosas que afectó a miles de personas. Digna enfrentó la cerrazón y la corrupción de jueces y autoridades. Una constante que encararía una y otra vez en su vida profesional.
En enero de 1994 el Ejército Mexicano detuvo a tres indígenas del ejido Morelia, quienes aparecieron ejecutados días después. El Centro Pro y Digna ayudaron a integrar el expediente, mismo que llevaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Procuraduría General de Justicia Militar, encabezada por Rafael Macedo de la Concha, se negó a investigar y castigar a los responsables.
Meses después atendió, por parte del Centro Pro, el caso de las mujeres tzeltales violadas por miembros del Ejército en Altamirano, Chiapas (junio de 1994). Este caso fue admitido por la CIDH gracias al trabajo de Digna, ya que el procurador militar Macedo de la Concha archivó el expediente y nunca investigó a los responsables.
Otro caso relevante en el que participó fue la defensa de los presuntos zapatistas detenidos en 1995, sobre todo los de Cacalomacán, estado de México, y Yanga, Veracruz. A partir de ese momento comenzaron las amenazas de muerte contra integrantes del Pro, particularmente contra Digna y Pilar Noriega.
También estuvo involucrada en la integración del expediente de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995. El Pro asumió el caso junto con Hilda Navarrete. La defensa colectiva de las víctimas, las viudas y los sobrevivientes fue coordinada por Digna.
En relación con la matanza de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, ella intervino cuando los niños que sobrevivieron iban a recibir atención médica en Estados Unidos. Las autoridades no les permitían salir porque querían que viajaran con sus papás, cuando éstos habían fallecido en la matanza. Digna ayudó para que los niños pudieran viajar.
Luego se involucró en el caso del desalojo violento de varios municipios autónomos zapatistas en Chiapas, efectuado por policías y militares en 1998, que culminó con la matanza en El Bosque (el 10 de junio). Digna, junto con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, estuvo investigando cómo se realizaron los desalojos y las ejecuciones en El Bosque. Después llevó el caso a la CIDH porque ninguna instancia nacional investigó a fondo, incluida la Procuraduría Militar.
Ese mismo año participó en el proceso jurídico que se siguió tras la matanza de El Charco ocurrida en junio de 1998 en Guerrero, donde estaban involucrados militares y la misma Procuraduría Militar.
Tiempo después participó en la investigación sobre los grupos paramilitares y la responsabilidad del Ejército en su protección y organización.
En relación con este tema defendió a Gilberto López y Rivas cuando éste denunció ante el Ministerio Público a los grupos paramilitares en Chiapas. La PGR quiso revertir la denuncia contra López y Rivas si no revelaba su fuente.
Después vino el caso de Alberto Enríquez del Valle, soldado que se dio de baja y realizó una investigación sobre las fuerzas armadas. El procurador militar, Macedo de la Concha, lo acusó de difundir material confidencial de la Sedena. Digna ofreció como prueba la declaración del secretario de la Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, para que ante el juez aclarara si el material en cuestión, el Manual de Guerra Irregular de lucha contrainsurgente era un material editado por la Sedena. Si el titular de la Sedena aceptaba como propio el material, hubiera sido muy comprometedor para las fuerzas armadas mexicanas porque el manual provenía del Pentágono y se evidenciaba que la Sedena realizaba una estrategia contrainsurgente en Chiapas y otros estados. Si Cervantes Aguirre negaba que la Sedena había elaborado ese material quedaba sin efecto la acusación contra Alberto Enríquez. El caso fue archivado por la astucia de la abogada.
Después vendría el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, en donde ella pudo demostrar que los militares los incomunicaron y torturaron. Incluso la CIDH ha pedido su liberación por considerarlos inocentes. Otro caso donde el todavía procurador militar Macedo de la Concha encubrió al Ejército.
Junto con el Pro y otros organismos de derechos humanos, Digna investigó varios casos en Guerrero donde se involucraba a militares en detenciones ilegales, torturas, ejecuciones sumarias y violaciones. Mención destacada tiene el caso de dos indígenas de Barrio Nuevo San José, Guerrero, violadas por miembros del Ejército Mexicano el 21 de abril de 1999 y cuyo caso ya se encuentra en la CIDH. Digna también defendió a estudiantes de la UNAM que fueron detenidos por la Policía Federal Preventiva tras el desalojo de la Universidad el 6 de febrero de 2000.
También participó en el caso de un militar que pidió asilo en otro país. Intervino el Pro, Digna documentó la masacre en Ocosingo y confirmó que mandos militares ordenaron disparar contra los civiles durante los primeros días de enero de 1994. Al final le concedieron asilo político al militar porque se negó a disparar contra civiles.
Aunque también participó en otros casos menos públicos pero que significaron la liberación de mucha gente. Realizaba gestiones en asuntos menores como buscar la indemnización de familias pobres de soldados que habían muerto en acción en las fuerzas armadas.
En el Pro había muchas acciones urgentes, detenciones arbitrarias, personas que desaparecían. Había que buscarlos en las cárceles y visitarlos en los reclusorios, ese era un trabajo cotidiano de Digna.
***"El caso de Digna es paradigmático, porque tenía una idea del derecho al servicio de los más pobres, eso lo hacía por su vocación religiosa y por su firme convicción de la justicia", recuerda Jesús Maldonado, integrante del Pro.
Tenía un estilo de vida bastante modesto. No tenía coche. Rafael cuenta esta faceta de Digna: "Era muy amable, le gustaba mucho escuchar, convivía mucho con la gente del pueblo, pero ante las autoridades era muy firme y exigente. Ante los abusos de las autoridades era implacable".
Su trabajo como abogada se centró en la defensa de los derechos humanos y durante los nueve años que estuvo en la congregación religiosa se dedicaba los fines de semana a un trabajo pastoral, de promoción social en colonias de la periferia de la ciudad de México.
"Era una mujer muy decidida, cuando se proponía algo lo lograba -cuenta Rafael Alvarez-. Un día llegó al Reclusorio Norte y como no la dejaban entrar porque la guardia decía que su vestido era azul (en realidad era gris) ella les dijo: ' ¿de blanco sí puedo?' Como traía el fondo blanco se quería quitar el vestido. Ante su actitud decidida los guardias la dejaron pasar".
"Su dignidad desconcertaba a las autoridades, sobre todo porque era un mujer con una apariencia de monja y resultaba ser un interlocutor muy difícil porque conocía sus derechos y las obligaciones de la autoridad", recuerda Rafael Alvarez.
En otra ocasión, dice, durante una diligencia de un presunto zapatista, tenían que declarar los agentes que habían hecho la detención. Era muy importante que no se comunicaran entre ellos. Cuando pasó a declarar el primero quiso informarles a sus compañeros de las preguntas. Digna se lo impidió, entonces se metieron al baño de los hombres para hablar y ella se metió con ellos. Después los agentes judiciales quisieron acusarla ante el juez de que los había acosado sexualmente.
A pesar de las amenazas ella andaba en metro, tomaba el pesero para llegar a su casa. Eso muchas veces ponía en riesgo su seguridad.
Desde 1995 Digna vivió acosada por las amenazas. Entre 1995 y 1997 los miembros del Pro recibieron en promedio una amenaza cada tres semanas. Después de seis años, constituyen un patrón de tortura psicológica.
"Cuando se dan las amenazas contra nosotros pensamos que el objetivo era provocar una situación de desgaste a la larga y también que esas amenazas no se iban a cumplir", dice Alvarez.
Después de los últimos acontecimientos más graves contra Digna, como el secuestro y la tortura en 1999, la CIDH pidió medidas provisionales para protegerla y para investigar las amenazas, pero ella decidió irse a Washington con los compañeros del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
"Pero la mejor defensa de los activistas de derechos humanos es llevar ante la justicia a los responsables intelectuales y materiales del crimen. Eso no fue cumplido por las autoridades en su caso", indica Alvarez.
Después de la muerte de Digna ya han sido amenazados una decena de defensores de derechos humanos de la capital, Guerrero, Chiapas, Tamaulipas. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo se documentaron 150 casos.
La impunidad amenaza el futuro democrático del país, señala Rafael Alvarez. Si las autoridades no acaban con ella la violencia contra la sociedad podría instalarse como lenguaje del poder real.*
Algunos casos en los que Digna Ochoa intervino para defender víctimas de violaciones a derechos humanos o de los que hizo un seguimiento jurídico
AñoCaso Implicados
1991 Anaversa. Contaminación química en Córdoba, Veracruz. Miles de afectados Anaversa, Autoridades estatales y federales
1993 Detención del general José Francisco Gallardo Ejército Mexicano
1994 Ejecuciones extrajudiciales Ejército Mexicano
Ejido Morelia, Chiapas Violaciones a tres indígenas Ejército Mexicano
1995 Detenciones de presuntos zapatistas Ejército Mexicano Policía Judicial Federal
Matanza de Aguas Blancas Guerrero Policía estatal Ejército Mexicano Gobierno estatal
1997 Matanza de 45 indígenas Acteal, Chiapas Paramilitares
1998 Ofensiva a municipios autónomos zapatistas Detenciones ilegales Ejecuciones extrajudiciales (El Bosque Chiapas) Ejército Mexicano Policía estatal Policía judicial Federal
Matanza en El Charco, Guerrero Ejército Mexicano
1999 Detención ilegal, tortura de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel, campesinos ecologístas de Guerrero Ejército Mexicano
Violación de dos indígenas Barrio Nuevo San José, Guerrero Ejército Mexicano
2000 Detención de mil estudiantes de la UNAM Policía Federal Preventiva
2001 Detención de presuntos militantes de las FARP Ejército Mexicano Policía Federal Preventiva.
