El poder del racismo es acumulativo y, como establece jerarquías naturalmente excluyentes, se adopta fácilmente. La visión político-jurídica del virreinato se convirtió en cultura para justificar el maltrato y juzgar las diferencias, para ordenar la catequización y para disponer de mano de obra indígena esclavizada. Hoy en día la Constitución marca la igualdad social; sin embargo las prácticas muestran lo contrario.
Como el 80% de las y los mexicanos, las personas indígenas son arrestadas, juzgadas y sentenciadas en procesos ineficientes, corrompidos y manipulados y, además, se les aplica el agravante de su raza e idioma. En México existen 62 lenguas indígenas reconocidas y 364 variantes, los juzgados carecen de traductores y se ha documentado que las personas indígenas, particularmente comunicadores, activistas de derechos humanos y civiles o ambientales, reciben las penas más severas del país; más severas que aquellos no indígenas sentenciados por secuestro, asesinato y narcotráfico.
Somos el país de “los inditos”, de “nuestros indígenas”. También de los pinches indios, patarrajada, de los “son pobres porque quieren”. El país que expulsó a los chinos y que controla la entrada de negros. En Oaxaca los indígenas han derramado sangre para ser reconocidos y escuchados, pero la Guelaguetza es la única manifestación cultural indígena políticamente correcta.
En México por un lado se encarcela a campesinos ecologistas, por otro el turismo vende al exterior un espectáculo étnico folclórico, sin fomentar el comercio justo. La Riviera Maya recibe miles de turistas que ven a “los mayitas” en un montaje artificioso que les acepta como objetos decorativos de los vestigios arqueológicos, pero no como ciudadanos plenos.
Los valores del racismo establecen jerarquías que justifican los privilegios del grupo dominante, sólo pueden suprimirse cuando cada persona se escuche a sí misma y erradique el racismo de su vida y su entorno. Cuando el doble discurso no le traicione
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